Cierto es que mientras que se ha firmado un convenio novedoso para las empresas vinculadas, que sin duda tomarán como referencia en otras grandes empresas del estado, hay una gran parte de la plantilla –la mayoría de TdE– magnetizada por el PSI que en él se incluye. Y no es una casualidad este golpe de efecto de la empresa –con el claro conocimiento previo y consentimiento posterior de los sindicatos «negociantes»–, ya que los bulos corren desde hace meses por los puestos de trabajo alentados sibilinamente por los propios negociantes.

 

¿Y por qué estas formas, como «de repente»? La explicación es evidente: mientras se hable del PSI no se hablará del CEV y sus consecuencias. Pero la autocomplacencia sindical –no digamos el entusiasmo empresarial– no podrán esconder una consecuencia directa del CEV: se perpetúan las diferencias entre las plantillas al no homogeneizar sus condiciones laborales. Y no ha sido involuntariamente, responde a las premisas ya marcadas por la empresa al inicio de la negociación: «Aquí no van a salir todos beneficiados».

 

Por eso, revisando artículo por artículo, constatamos las pérdidas a cambio de pequeñas limosnas que no compensarán el enorme esfuerzo que tendremos que hacer para garantizar –y hablamos de la garantía real no de la que parcialmente se ha firmado– nuestros puestos de trabajo, y donde la incertidumbre va a ser la constante durante el resto de nuestra vida laboral.

 

El camino sin retorno al que nos obligan tras abandonar la antigua normativa laboral es un camino ya iniciado en el final de la anterior fase hacia la flexibilidad, la polivalencia y la desregularización de las condiciones laborales: jornadas, horarios, competencias… Su modulación queda en manos de unos sindicatos y unas mesas de negociación Interempresas en las que se aseguran su presencia única y de las que, por desgracia, conoceremos los resultados: quitas y pérdida de derechos.

 

Cimientan esta nueva fase laboral sobre la destrucción de 7500 puestos de trabajo a cambio de la pírrica creación de 200. La garantía de empleo queda en el aire, ya que no son capaces de arrancar un acuerdo donde se garantice que ante cualquier despido declarado improcedente se recupere el puesto de trabajo.

 

Instauran el clientelismo con los sindicatos mayoritarios, donde cualquier promoción, creación de empleo, movilidad funcional o geográfica se aplicará previa información o negociación con los sindicatos firmantes, dejando aparcados anteriores procesos que ofrecían mayores garantías de transparencia.

 

Renuncian a recuperar el poder adquisitivo, siguen congelados los complementos salariales, discriminatoriamente se mantienen para unas compañeras/os y para otros no (plus de insularidad, premios de servicios prestados), unifican las masas salariales convirtiéndolas en «masas salariales globales teóricas» para que sea la plantilla quien haga el esfuerzo de sufragar los gastos derivados de las trasposiciones de móviles.

Pero donde más generosos han sido es en la modificación de los recursos sindicales, aumentándolos para los sindicatos mayoritarios y reduciéndolos al resto de organizaciones para asegurarse el monopolio sindical en el grupo Telefónica. De esta manera invisibilizan a la representación del 40% de la plantilla, oficializando el sindicalismo domesticado y al servicio de la patronal.

 

Las verdaderas consecuencias las iremos descubriendo con el paso del tiempo y el devenir de su aplicación. La continuidad en la negociación de temas pendientes, algunos realmente espinosos, en manos exclusivas de los protagonistas de este acuerdo, garantiza una mayor lejanía de la plantilla respecto de lo que se decide en su nombre. Una vez más, las organizaciones que se financian con negocios conjuntos con la empresa y que causan elevados e injustificados gastos al plan de pensiones, han perdido una oportunidad de oro de defender la recuperación de lo que hemos perdido los últimos años.